Comunidades indígenas y organizaciones civiles de Yucatán solicitaron al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que apruebe el proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías, que analiza la constitucionalidad de la Norma Técnica Ambiental NTA‑001‑SDS‑22, utilizada para regular la operación de granjas porcícolas en el estado.
Los representantes de las comunidades advirtieron que la norma, publicada en 2022, se emitió sin realizar los procesos de consulta indígena exigidos y que la expansión de la industria porcícola ha provocado impactos en el agua, el territorio y la salud comunitaria.
La discusión del asunto, que estaba programada para la sesión del 15 de mayo de 2026, quedó en lista al inicio de la jornada y fue pospuesta para una sesión futura sin fecha definida.
La Norma Técnica Ambiental en cuestión fue publicada por la Secretaría estatal en 2022 con lineamientos para la construcción y operación de unidades porcícolas; desde entonces ha generado disputas legales y sociales en municipios como Chapab, Kinchil e Ixil, donde grupos locales han promovido recursos legales y solicitudes de consulta.
El caso fue atraído por la SCJN y turnado a la ministra encargada para que el pleno determine si la autoridad estatal debió realizar consultas previas a los pueblos mayas antes de expedir la norma. Por ahora no hay fecha confirmada para su vuelta a lista de asuntos.
