El 14 de mayo de 2026, representantes de comunidades mayas y colectivos ambientalistas pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que apruebe el proyecto de resolución de la ministra Sara Irene Herrerías sobre la constitucionalidad de la Norma Técnica Ambiental NTA‑001‑SDSD‑22, norma estatal para la operación de granjas porcícolas en Yucatán.
Los grupos señalaron que la norma —publicada en diciembre de 2022, durante la administración estatal anterior— se emitió sin un proceso de consulta previa, libre e informado con las comunidades afectadas, y que su aprobación por parte de la Corte sería un paso clave para garantizar derechos colectivos y protección ambiental.
El amparo en revisión relacionado (451/2025) apareció en la lista como el asunto número 30; sin embargo, al inicio de la sesión del Pleno se anunció que el tema quedó “en lista”, es decir, se pospuso y será retomado en una fecha futura aún no definida.
Las comunidades y organizaciones denunciaron impactos ambientales atribuibles a la expansión de la industria porcícola en la península de Yucatán, entre ellos contaminación de agua y cenotes, proliferación de insectos que afectan cultivos y pérdida de recursos apícolas, lo que, dijeron, ha deteriorado sus medios de vida y prácticas ancestrales.
Además del llamado a la Corte, las organizaciones exigieron que el gobierno de Yucatán realice procesos de consulta indígena vinculantes y que se establezcan criterios que condicionen la apertura, regularización y cierre de megagranjas porcícolas para evitar daños ambientales y sociales.
El asunto seguirá a la espera de que el Pleno fije una nueva fecha para su discusión y resolución.
