Arturo Castillo, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvo que al instituto no le corresponde investigar de forma directa si el narcotráfico financia campañas electorales, y que esa atribución recae en las fiscalías y en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En entrevista, Castillo explicó que la fiscalización del INE se limita a identificar a las personas que hacen aportaciones y revisar el origen y destino de los recursos; sin embargo, puntualizó, determinar la licitud absoluta de esos fondos —por ejemplo, si provienen del crimen organizado o de lavado— es competencia de otras autoridades.
El consejero advirtió que, para evitar que el instituto se convierta en “comparsa” de potenciales irregularidades, el INE debe reforzar sus mecanismos de fiscalización y presentar las vistas correspondientes cuando detecte indicios que escapan a su competencia. También propuso lineamientos para regular procesos internos de los partidos y adelantó que se requiere una coordinación más estrecha con la UIF y las fiscalías para rastrear el flujo del dinero.
El tema surge en medio de señalamientos referentes a la elección de Sinaloa de 2021, que han reavivado el debate sobre cómo identificar y sancionar presunto financiamiento ilícito en campañas. Castillo insistió en que el INE puede y debe fiscalizar con mayor detalle, pero pidió a las autoridades competentes que atiendan las investigaciones que involucren posibles lazos con el crimen organizado.
Fuentes consultadas señalan que el debate sobre la ampliación de facultades del INE y la coordinación interinstitucional continúa entre los consejeros y diversas autoridades, mientras los organismos electorales buscan evitar riesgos para la integridad de los procesos electorales y la seguridad del personal involucrado.
