El 14 de mayo de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que amplía las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La reforma incorpora un nuevo artículo 66 bis que faculta a la ASF a iniciar investigaciones de oficio o a partir de denuncias ciudadanas por presuntas faltas administrativas graves “en cualquier momento”, sin quedar limitada al periodo del ejercicio fiscal en que ocurrieron los hechos.
El paquete normativo también obliga a la creación de mecanismos y plataformas técnicas para recibir denuncias ciudadanas y prevé la constitución de un Sistema Nacional de Registro de Información y Datos relacionados con los recursos federales; los entes públicos estarán obligados a reportar la información que para tal efecto se determine.
Entre los cambios procesales que introduce la reforma figura la posibilidad de que la ASF presente denuncias de hechos ante la Fiscalía especializada cuando advierta indicios de conductas delictivas vinculadas al manejo de recursos públicos.
El Congreso aprobó el dictamen en abril de 2026 y la reforma entró en vigor con su publicación en el Diario Oficial el 14 de mayo de 2026. Las autoridades impulsan la medida como un mecanismo para acelerar la fiscalización y ampliar la participación ciudadana en la detección de posibles irregularidades.
Los ajustes legales buscan reducir retrasos en las investigaciones tradicionales de fiscalización y dotar a la ASF de herramientas para actuar con mayor prontitud; sin embargo, expertos y actores públicos señalarán en los próximos días la necesidad de garantizar protocolos claros, transparencia en la recepción de denuncias y salvaguardas para evitar usos indebidos del nuevo mecanismo.
