El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) celebró un convenio de colaboración con la Fundación Banco Santander y los propietarios de la Colección Gelman —la familia Zambrano— que, según el documento, estará vigente desde su firma el 7 de enero de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2030, con posibilidad de prórroga.
El acuerdo ha provocado cuestionamientos porque incluye provisiones que buscan «evitar retornos periódicos» de las obras al país y señala que la Fundación Santander y la Fundación asociada quedarán eximidas de reingresar las piezas al territorio nacional durante la vigencia del convenio. Críticos consideran que ese lenguaje limita las facultades del INBAL para fijar plazos de salida y retorno de obras con declaratoria de monumento artístico.
El abogado y especialista en derecho cultural Luis Cacho señaló que las cláusulas dejan ver una restricción de las facultades del instituto a favor de particulares y advirtió sobre posibles contradicciones entre lo pactado en el convenio y lo declarado públicamente por autoridades. Asimismo, más de 200 profesionales del arte han expresado su preocupación por la supuesta opacidad en la gestión del acervo.
Ante la polémica, el INBAL y la Fundación Banco Santander han emitido aclaraciones públicas: ambas instituciones reiteraron que el convenio no implica transferencia de propiedad ni una exportación definitiva de las obras y aseguraron que la colección regresará a México en 2028. La Fundación Santander también afirmó que se ajustará a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y a la Ley Aduanera.
En materia legal, especialistas recuerdan que la Ley Aduanera contempla permisos de exportación temporal por periodos determinados y mecanismos de prórroga; además, el propio convenio podría modificarse o concluir anticipadamente si las partes así lo acuerdan.
La controversia sobre la Colección Gelman mantiene en debate la tensión entre la preservación y la difusión internacional de piezas patrimoniales y la protección del patrimonio cultural bajo la ley mexicana; por ahora, el convenio y las aclaraciones oficiales son el centro del debate público.
