Sectores movilizados han mantenido bloqueadas las carreteras de Bolivia, con reportes oficiales que indican alrededor de 150 puntos de bloqueo en distintas regiones del país.
La situación ha provocado problemas de abastecimiento y dificultades para el tránsito de insumos y ambulancias, y las autoridades han advertido sobre la existencia de emergencias humanitarias en áreas afectadas.
Ante la creciente tensión, la Asamblea Legislativa aprobó una norma que elimina las restricciones legales que limitaban el uso de medidas extraordinarias —incluido el estado de excepción— y el presidente promulgó dicha modificación el 27 de mayo de 2026.
El Gobierno indicó que la medida busca restablecer el orden y asegurar el libre tránsito, mientras que organizaciones y sectores movilizados sostienen que mantendrán la protesta hasta lograr concesiones políticas.
La situación continúa siendo dinámica: las autoridades anunciaron operativos para despejar rutas y la comunidad internacional y actores locales han manifestado su preocupación por el impacto en el acceso a alimentos, combustible y servicios esenciales.
