Se bajó del autobús con una mochila y sin acompañamiento: llegó a Villahermosa tras ser deportado a finales de octubre de 2025. El abandono, el desconocimiento del lugar y la incertidumbre sobre el futuro formaron parte del primer día fuera del control de las autoridades que lo habían trasladado; la escena —gente que observa, autoridades que se retiran, un hombre que mira a su alrededor— resume la llegada de miles de personas repatriadas en los últimos meses.
Ese arribo no es un caso aislado: la Secretaría de Gobernación reportó que, entre el 20 de enero de 2025 y el 18 de marzo de 2026, se registraron alrededor de 189,830 repatriaciones desde Estados Unidos en el marco de la estrategia nacional de atención a repatriados. Para recibir y atender a las personas retornadas se habilitaron centros de atención en puntos claves de la frontera, se ofrecieron servicios médicos y vinculaciones a programas sociales, y se implementaron mecanismos de traslado a las comunidades de origen.
Al mismo tiempo, el flujo de dinero que muchas familias reciben desde el exterior muestra señales de ajuste. Según los registros oficiales, en 2025 México recibió unos 61,791 millones de dólares por remesas, una cifra inferior a los 64,746 millones reportados en 2024; la caída anual fue cercana a 4.6% en el acumulado de ese ejercicio. Esa reducción representó una pausa en la tendencia que había elevado los montos durante años recientes.
La importancia de las remesas no es homogénea: análisis e informes señalan que gran parte de esos recursos llega a localidades pequeñas y que, en ciertos estados, las remesas representan una porción significativa del producto estatal. A nivel nacional, las remesas representaron alrededor del 3.4% del PIB en 2025, y varios estudios muestran concentración en municipios y localidades rurales donde las transferencias constituyen un apoyo crucial para consumo, salud y obras menores.
La confluencia entre repatriaciones elevadas y la moderación de las remesas plantea tensiones prácticas para familias y comunidades. Para recibir a quienes regresan, el gobierno desplegó la estrategia “México te Abraza”, que incluyó centros de atención, incorporación temporal a servicios como el IMSS y programas de vinculación a empleos y apoyos sociales; las autoridades públicas han reportado miles de atenciones y traslados a los estados de origen como parte de ese esfuerzo.
En pueblos y localidades receptoras, el retorno significa reorganizar vidas. Cuando llegan personas repatriadas, no siempre regresan a un hogar intacto: las viviendas pueden haber quedado a medias, los ciclos laborales locales no garantizan empleo inmediato, y las familias que durante años han recibido remesas se enfrentan a decisiones sobre ahorro, gasto y reinserción. La caída en montos enviados desde el exterior añade una presión económica adicional sobre hogares que dependen de esos ingresos.
La historia que se repite en estaciones y centros de atención muestra dos caras de la migración contemporánea: por un lado, la movilidad que impulsó ahorros y proyectos a distancia; por otro, el retorno forzado o involuntario que obliga a reconstruir redes en un entorno que ya cambió. Entre cifras oficiales y políticas públicas, quedan las decisiones domésticas y la espera que algunas familias llevan años cargando: un hilo de vida que une el lugar de partida con el lugar al que, por fuerza o por deseo, deben volver.
