El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su rechazo a las sanciones que Estados Unidos amplió mediante una orden ejecutiva firmada el 1 de mayo de 2026 y calificó la medida como un castigo colectivo que busca presionar un cambio de régimen.
La orden ejecutiva estadounidense, publicada por la Casa Blanca, extiende las restricciones bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y autoriza sanciones no sólo contra funcionarios cubanos, sino también contra empresas y entidades extranjeras que mantengan relaciones comerciales o financieras con la isla. Entre las medidas figura la posibilidad de imponer sanciones secundarias y restricciones migratorias a personas vinculadas al régimen.
Durante un acto con grupos de solidaridad celebrado el 2 de mayo de 2026 en La Habana, Díaz-Canel advirtió que las nuevas medidas afectan no sólo a la población cubana sino también a terceros países que comercian con la isla, y las describió como una forma de injerencia unilateral en los asuntos internacionales.
La reacción oficial de La Habana se produce en un contexto de tensiones crecientes tras una serie de acciones estadounidenses anunciadas a inicios de 2026, incluyendo la declaración de emergencia nacional del 29 de enero de 2026 y sanciones previas. Organizaciones y medios han reportado manifestaciones y concentraciones de apoyo al gobierno cubano alrededor de las movilizaciones del Primero de Mayo.
Analistas consultados por medios internacionales advierten que la ampliación del marco sancionador complica el acceso de Cuba a financiamiento y a suministros energéticos, lo que podría agravar la situación económica y social en la isla y forzar a actores internacionales a elegir entre mantener relaciones comerciales con La Habana o enfrentar restricciones por parte de Estados Unidos.
