Organizaciones de derechos humanos y reportes periodísticos señalan que, entre enero y marzo de 2026, operaciones conjuntas entre fuerzas de Estados Unidos y Ecuador habrían provocado ataques a embarcaciones pesqueras, la desaparición de tripulantes y el bombardeo de una finca en la provincia de Manabí.
El 20 de enero de 2026 se perdió comunicación con la embarcación pesquera Fiorella, con ocho tripulantes desaparecidos desde entonces; familiares y reconstrucciones de la ruta de la nave relatan vigilancia aérea y marítima previa al momento en que se cortó el contacto.
En marzo de 2026 se reportaron al menos dos incidentes en el Pacífico: el 17 de marzo una embarcación fue alcanzada por un artefacto en pleno mar y sus tripulantes fueron posteriormente detenidos y trasladados; días después otra nave sufrió un ataque similar y su tripulación relató haber sido retenida y trasladada a otro país antes de regresar a Ecuador.
Paralelamente, en los primeros días de marzo se registró una operación militar en la comunidad de San Martín, en la frontera con Colombia, en la que una finca dedicada a la ganadería y producción de leche fue destruida por bombardeos y fuego. Testimonios recabados en el lugar sostienen que trabajadores fueron detenidos y sometidos a malos tratos antes del ataque aéreo.
Las investigaciones internas y las demandas de familiares y organizaciones han puesto en duda la precisión de la inteligencia que justificó las operaciones y han pedido la suspensión temporal de las intervenciones conjuntas hasta que se aclare la cadena de mando y la participación extranjera.
Ante los señalamientos, autoridades han emitido respuestas públicas negando participación directa o alegando acciones contra objetivos vinculados al crimen organizado; sin embargo, las familias y grupos de derechos humanos reclaman investigaciones independientes y transparentes para determinar responsabilidades y localizar a las personas desaparecidas.
El caso ha generado además reacciones políticas en Estados Unidos, donde legisladores han solicitado información oficial sobre el alcance de la cooperación, posibles irregularidades y el cumplimiento de leyes que condicionan la asistencia militar a estándares de derechos humanos.
Las peticiones de esclarecimiento continúan mientras las familias siguen buscando a los desaparecidos y organizaciones internacionales llaman a reforzar salvaguardias y procedimientos de rendición de cuentas en operaciones transnacionales contra el narcotráfico.
