Organizaciones civiles y una Misión Civil de Observación registraron desplazamientos forzados en varias comunidades de la Montaña Baja de Guerrero después de una serie de ataques armados ocurridos a inicios de mayo de 2026. La misión visitó la zona entre el 22 y el 24 de mayo para documentar la situación.
Las comunidades afectadas identificadas en los reportes incluyen Tula, Xicotlán, Acauehuetlán y Alcozacán. Testimonios recogidos por la misión y por colectivos locales describen incendios en viviendas y parcelas, ataques con armas de fuego y el uso de drones con explosivos que obligaron a familias a abandonar sus hogares y dejar animales y pertenencias.
Las estimaciones sobre el número de desplazados varían según la fuente: organizaciones locales y de derechos humanos señalaron cifras que llegan hasta cerca de 2,000 personas desplazadas, mientras que reportes oficiales y comunicados de gobierno mencionaron conteos mucho menores, en torno a 96-120 personas refugiadas temporalmente en otras localidades.
A pesar de la presencia de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en la zona, las organizaciones denunciaron ausencia de detenciones y falta de garantías para el retorno seguro de las familias. La Misión Civil de Observación documentó daños materiales y preocupaciones por la alimentación y el cuidado de los animales que quedaron en las comunidades.
Ante la crisis, colectivos de víctimas y organizaciones civiles exigieron a las autoridades medidas concretas para proteger a la población desplazada y garantizar condiciones para su retorno, así como la apertura de mesas de diálogo con instancias federales. Las investigaciones y corroboraciones sobre el número exacto de afectados y la identificación plena de los responsables continúan en proceso.
