Una misión civil que visitó la Montaña Baja de Guerrero entre el 22 y 24 de mayo documentó ataques atribuidos al grupo criminal conocido como Los Ardillos que obligaron a habitantes de varias comunidades a abandonar sus hogares.
Los poblados más afectados son Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, donde la misión constató casas quemadas, vehículos y cultivos dañados, animales muertos o en riesgo de morir por falta de alimento, y presencia de casquillos y daños por armas de alto calibre.
Las estimaciones sobre el número de personas desplazadas difieren según la fuente: cifras oficiales recientes han reportado cifras en torno a decenas o poco más de un centenar, mientras que organizaciones civiles y observadores hablan de cientos —algunos comunicados mencionan cerca de 800— e incluso se han referido a estimaciones mayores que superan el millar o más.
Según los informes de terreno, los ataques comenzaron a principios de mayo y en al menos algunas agresiones se denunciaron usos de drones y armamento pesado. La presencia de fuerzas federales y estatales en la zona ha sido reportada, aunque la misión señaló la ausencia de detenciones y la falta de garantías suficientes para el retorno seguro de las comunidades desplazadas.
La situación sigue siendo volátil y representa un riesgo para la integridad de niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores y autoridades tradicionales indígenas en la región. Se espera que las próximas acciones incluyan nuevos esfuerzos de documentación, solicitudes de medidas cautelares y posibles acompañamientos humanitarios para las familias desplazadas.
