Documentos del Archivo General de la Nación indican que la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) mantuvo fichas y seguimientos sobre Rubén Rocha Moya desde 1968 y hasta la década de 1980, cuando desempeñó cargos como líder estudiantil y sindical en Sinaloa.
En esos registros se menciona la participación de Rocha en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSUM) y en movimientos sindicales; hay fichas fechadas, por ejemplo, el 21 de marzo de 1972 y el 30 de junio de 1983 que documentan su actividad política y gremial.
La publicación de esos expedientes ocurre en un momento en que, el 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación (indictment) contra Rubén Rocha Moya y otras nueve personas por presuntos cargos relacionados con la conspiración para importar narcóticos y delitos con armas, vinculando a funcionarios estatales con una facción del Cártel de Sinaloa.
Los documentos históricos del AGN no señalan que Rocha tuviera vínculos con el crimen organizado en las décadas documentadas; más bien consignan su activismo político y sindical. La presencia de esas fichas en el acervo pone en perspectiva la trayectoria pública del gobernador y ofrece antecedentes sobre cómo era vigilada la disidencia política en décadas pasadas.
Ante la acusación estadounidense, autoridades federales mexicanas han señalado públicamente que no disponen de indicios que confirmen los señalamientos de la Fiscalía de Nueva York. Estas diferencias entre archivos históricos y las imputaciones contemporáneas han generado un debate sobre la investigación y las implicaciones políticas y judiciales del caso.
El contraste entre los archivos de la DFS y la acusación del 29 de abril de 2026 obliga a esperar el desarrollo de las indagatorias en Estados Unidos y en México, así como a la eventual presentación de pruebas que expliquen con mayor detalle los vínculos que se imputan hoy a funcionarios del estado de Sinaloa.
