El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que su administración recibió en diciembre de 2024 una entidad con altos niveles de incidencia delictiva y sostuvo que, para julio de 2026, el estado se colocó entre los de menor incidencia del país. Sus declaraciones fueron realizadas durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Tuxtla Gutiérrez.
Ramírez señaló que Chiapas pasó del segundo lugar nacional en incidencia delictiva al primer lugar entre las entidades con menor incidencia, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También afirmó que durante el periodo reciente disminuyeron los delitos de alto impacto y los homicidios dolosos en el estado.
El mandatario chiapaneco describió como “una cifra de vergüenza” la situación que, dijo, encontró al inicio de su gobierno. Además, sostuvo que durante ese periodo hubo comunidades con restricciones para transitar por carreteras, suspensión de clases y afectaciones en servicios de salud, aunque afirmó que esas condiciones fueron revertidas mediante acciones coordinadas de seguridad.
Datos difundidos sobre el periodo enero-julio de 2026 ubicaron a Chiapas en el segundo lugar nacional entre los estados con menor incidencia delictiva general, mientras que en delitos de alto impacto registró la tasa más baja del país. En otro reporte presentado durante la conferencia, se informó una reducción del promedio diario de víctimas de homicidio doloso frente a 2024.
Durante la misma conferencia, Claudia Sheinbaum abordó la situación patrimonial de Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit. La presidenta informó que le pidió publicar su declaración patrimonial y modificar la disposición interna que permitía mantenerla fuera de consulta pública.
La declaración de Romero Oropeza fue publicada el 11 de septiembre de 2026, después de la solicitud presidencial. El documento reportó ingresos superiores a cuatro millones de pesos durante 2025, además de bienes inmuebles, terrenos, cuentas y un crédito hipotecario.
Sheinbaum sostuvo que los servidores públicos deben hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y planteó que el Infonavit revise la norma que permitía reservar esa información. Los dos casos expuestos durante la jornada colocaron en el centro del debate la rendición de cuentas en materia de seguridad y transparencia gubernamental.
