El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó y dio a conocer una acusación penal en la que, el 29 de abril de 2026, nombró al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve actuales o exfuncionarios de ese estado por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas y delitos con armas.
La acusación, radicada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, afirma que los señalados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para proteger a sus líderes, facilitar el tránsito y la distribución de grandes cantidades de drogas hacia territorio estadounidense y proporcionar información sensible para evitar detenciones.
Entre los otros señalados en la documentación figuran exfuncionarios y mandos de seguridad estatal y municipal, entre ellos exsecretarios de seguridad, exjefes de la policía de investigación, el alcalde de Culiacán y excomandantes de la policía municipal.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, tras revisar la acusación, no aprecia elementos que justifiquen una detención urgente y que solicitará a las autoridades de Estados Unidos la documentación y pruebas complementarias que sostienen la imputación.
El gobernador Rocha rechazó las imputaciones y calificó la acción como una estrategia que afecta la soberanía; autoridades estatales y federales han demandado aclaraciones sobre cómo se obtuvieron algunas evidencias y la coordinación entre agencias extranjeras en operativo(s) que habrían derivado en la investigación.
El caso podría tener implicaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos y reavivar el debate sobre la colaboración y competencias en la lucha contra el narcotráfico. Las autoridades mexicanas indicaron que continuarán el diálogo con la contraparte estadounidense para evaluar los pasos legales a seguir.
