El 29 de abril de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA anunciaron la desclasificación de una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, entre funcionarios actuales y exfuncionarios del estado, por cargos relacionados con el tráfico de drogas y delitos con armas.
Según la Fiscalía federal de Nueva York, los acusados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir cantidades significativas de narcóticos en territorio estadounidense, a cambio de apoyo político y sobornos. Las autoridades estadounidenses presentaron la acusación ante una corte federal del Distrito Sur de Nueva York y la misma fue hecha pública por las agencias correspondientes.
El gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, respondió que la petición de detención con fines de extradición debe estar acompañada de pruebas y que, conforme a la legislación nacional y tratados internacionales, corresponde a las autoridades mexicanas revisar cualquier solicitud y proteger la confidencialidad de la información remitida.
La difusión de la acusación ha abierto una intensa controversia política y diplomática. Analistas señalan que la medida puede tensar la cooperación en materia de seguridad entre ambos países y que, legalmente, la detención y entrega de un gobernador en funciones implicaría procedimientos específicos, incluida la posible solicitud para retirar inmunidad y la valoración de pruebas en tribunales mexicanos.
Los procesos descritos en la acusación son alegaciones que deben probarse en sede judicial; hasta ahora no hay sentencias condenatorias. Se espera que en los próximos días las autoridades de Estados Unidos y México ofrezcan más detalles sobre pasos legales adicionales y cualquier requerimiento de asistencia judicial internacional.
