El 5 de mayo de 2026, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue sede de un foro en el que científicos, organizaciones civiles y delegados de comunidades afectadas discutieron los riesgos asociados con la fractura hidráulica (fracking) y las implicaciones de una eventual reactivación de esa técnica en México.
Participaron redes y alianzas que han trabajado en el tema durante años, así como comunidades de la Huasteca potosina y veracruzana, y de estados como Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Los asistentes expresaron su rechazo a proyectos que pongan en riesgo el agua, la salud y el territorio y anunciaron la consolidación de una estrategia de resistencia y movilización.
Académicos presentes señalaron que la fracturación hidráulica requiere grandes volúmenes de agua y el uso de numerosas sustancias químicas, y que la explotación mediante fracking tiende a tener una vida útil corta por pozo, lo que obliga a abrir pozos adicionales y aumenta la ocupación del territorio y el riesgo de contaminación.
El debate se enmarca en la decisión del gobierno federal de someter a análisis la viabilidad de técnicas de extracción de gas no convencional; en abril de 2026 se anunció la conformación de un grupo interdisciplinario de académicos e instituciones para evaluar esas opciones. Las voces reunidas en la UNAM pidieron que cualquier evaluación considere impactos ambientales, sociales y de salud, y que las comunidades tengan voz en el proceso.
Los organizadores del foro anunciaron además una jornada de acciones y protestas para exigir que el Estado prohíba el fracking o, en su defecto, garantice mecanismos vinculantes de consulta y protección del agua y la salud comunitaria.
