El 5 de mayo de 2026 la UNAM fue sede de un foro público sobre el fracking en México al que asistieron científicos, investigadores y representantes de comunidades afectadas y en riesgo por la posible expansión de la fractura hidráulica.
En el encuentro, expertos y colectivos alertaron sobre los impactos que la técnica tendría en el uso del agua, la salud y la ocupación del territorio, y demandaron que cualquier evaluación técnica contemple también los costos sociales y ambientales. El foro reunió a participantes de regiones como la Huasteca potosina y veracruzana, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla.
Investigadores del Centro de Geociencias de la UNAM señalaron que la explotación con fracking requiere grandes volúmenes de agua y el uso de numerosas sustancias químicas, y que la vida útil de los pozos suele ser breve, lo que obliga a abrir nuevos pozos de manera continua. Durante el evento se expuso que la práctica conlleva un despliegue intensivo de infraestructura y riesgos de contaminación del agua y del suelo.
Representantes de las comunidades, agrupadas en redes como la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia y la Alianza Mexicana contra el Fracking, denunciaron que las poblaciones no han sido tomadas en cuenta en las decisiones y exigieron mecanismos reales de consulta y protección de sus territorios.
El foro se produce después de que el gobierno federal anunciara, el 15 de abril de 2026, la creación de un comité técnico conformado por especialistas de universidades y centros de investigación (entre ellos la UNAM, el IPN y la UAM) para evaluar la viabilidad y los riesgos del fracking en el país. Los asistentes al foro pidieron que los resultados de ese análisis incluyan criterios de costo ambiental, social y de salud pública antes de cualquier avance institucional o legislativo.
Organizaciones civiles y académicas indicaron que, ante la magnitud de los riesgos, es necesario garantizar transparencia en la evaluación y respetar los derechos de las comunidades que podrían verse afectadas. El proceso de análisis técnico continúa y queda pendiente la publicación de conclusiones y recomendaciones por parte del comité convocado por la Presidencia.
