Especialistas en transparencia y obra pública advirtieron que México necesita infraestructura para sostener su crecimiento económico, pero cuestionaron que varios proyectos iniciados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hayan enfrentado sobrecostos, deficiencias de planeación, impactos ambientales y resultados por debajo de las expectativas.
La discusión vuelve a cobrar relevancia este lunes 31 de agosto de 2026, debido al impacto que estas obras tienen sobre el presupuesto federal y a la necesidad de definir si continuarán recibiendo recursos públicos sin una evaluación completa de su eficiencia, utilidad social y costo de operación.
Sobrecostos y falta de estudios
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, sostuvo que los grandes proyectos de infraestructura deben contar con una planeación financiera sólida, controles de gasto y rendición de cuentas desde su inicio. También señaló que la opacidad y la percepción de corrupción pueden comprometer la sostenibilidad de las obras.
“El país necesita crecimiento económico sostenido y proyectos de infraestructura, pero no a cualquier costo”, afirmó Bohórquez al plantear que las obras estratégicas deben realizarse sin sobreprecios ni abusos.
Marco A. Fernández, profesor del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa, cuestionó la existencia de problemas de planeación, sobrecostos y limitada utilidad social en proyectos como la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y Mexicana de Aviación.
Fernández también criticó la falta de revisiones legislativas exhaustivas sobre el gasto de las megaobras y consideró insuficiente reservar información bajo el argumento de seguridad nacional. A su juicio, la falta de controles ha permitido que las deficiencias se mantengan sin consecuencias administrativas o políticas claras.
Impacto en salud, educación y confianza pública
Los especialistas advirtieron que el financiamiento de proyectos con beneficios sociales limitados puede reducir el margen presupuestario para atender necesidades prioritarias, entre ellas salud y educación. La preocupación aumenta cuando las obras requieren subsidios, ampliaciones presupuestales o recursos adicionales para mantener sus operaciones.
Otro punto de debate es la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción y operación de infraestructura. Bohórquez consideró necesario evaluar caso por caso sus impactos, costos y resultados, además de evitar que la asignación de proyectos ocurra de manera automática.
La exigencia central de los especialistas es que las futuras obras públicas se basen en estudios técnicos, presupuestos realistas, supervisión independiente y acceso público a la información. Estos elementos, señalaron, son indispensables para que la infraestructura se convierta en una herramienta de desarrollo y no en una carga permanente para las finanzas públicas.