Sara y Elizabeth Uruchurtu acusaron al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, de desacatar una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionada con el caso de su hermana Claudia Uruchurtu, desaparecida en marzo de 2021.
Las familiares señalaron que el tribunal volvió a emitir una resolución favorable para Johan Ricardo Matus Marcial, quien había sido sentenciado como autor intelectual de la desaparición de la activista y obtuvo su libertad en agosto de 2025, luego de que una resolución judicial revocara el fallo en su contra.
La orden de la Suprema Corte
El 9 de febrero de 2026, la SCJN revocó la sentencia que había permitido la absolución y liberación de Matus Marcial. El máximo tribunal ordenó que el caso fuera revisado nuevamente bajo criterios relacionados con la perspectiva de género y las condiciones específicas de Claudia Uruchurtu como víctima.
La decisión de la Corte también estableció criterios para valorar las pruebas en casos de desaparición forzada de defensoras de derechos humanos, incluidos aquellos en los que existen dificultades para obtener evidencia directa sobre los hechos.
Familia señala incumplimiento
Sara y Elizabeth Uruchurtu afirmaron que la nueva resolución no cumplió con lo ordenado por la Suprema Corte, pues nuevamente favoreció al acusado y, según su señalamiento, no incorporó la perspectiva de género ni el contexto de la desaparición de Claudia.
Las hermanas calificaron la situación como inverosímil y cuestionaron que un tribunal colegiado pudiera emitir una resolución que, desde su perspectiva, contradice una instrucción del máximo tribunal del país.
Un caso pendiente de justicia
Claudia Uruchurtu fue vista por última vez en marzo de 2021 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. El caso ha involucrado a exfuncionarios municipales y derivó en procesos penales por la desaparición de la activista y defensora de derechos humanos.
Con la nueva resolución señalada por la familia, el conflicto jurídico permanece abierto. Las hermanas de Claudia han mantenido la exigencia de verdad, justicia y localización de la activista, mientras continúan cuestionando las decisiones de las autoridades judiciales que han intervenido en el expediente.