La Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó al Congreso local el retiro del fuero constitucional al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, al señalarlo como presunto autor intelectual del secuestro y homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
Según el expediente remitido a la Comisión Instructora, la representación social afirma contar con testimonios y elementos que lo vinculan con la privación ilegal de la libertad y el posterior homicidio. Producto de las investigaciones, cuatro elementos de la Policía Municipal del mismo ayuntamiento fueron detenidos y permanecen bajo proceso penal.
El alcalde informó, mediante un mensaje en las redes sociales oficiales del municipio, que se defenderá y pidió respeto a la presunción de inocencia. Añadió que fue notificado del procedimiento y que ejercerá su derecho de defensa en los plazos legales correspondientes.
La Comisión Instructora citó a los funcionarios involucrados para continuar con el trámite; los diputados fijaron audiencias para avanzar en el proceso que determinará si procede o no la solicitud de declaración de procedencia.
Antecedentes del caso
Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora de un medio local, fue reportada como privada de la libertad el 2 de junio y, según la investigación de la Fiscalía, sus restos fueron localizados el 3 de julio. El caso desató operativos en varios municipios del sur de Veracruz y detenciones relacionadas con el suceso.
Diversos medios nacionales e internacionales han informado sobre la solicitud de desafuero y sobre el desarrollo de las diligencias ministeriales; las autoridades locales han dicho que la investigación continúa en curso y pidieron no anticipar resoluciones hasta agotar el debido proceso.
Lo que sigue: el Congreso local analizará la petición de la Fiscalía. Si la Comisión Instructora determina que hay elementos suficientes, la solicitud podría someterse al pleno para decidir si se retira o no la protección constitucional al presidente municipal.
Qué sigue en el proceso
- La Comisión Instructora evaluará el expediente y citará a las partes para sustentar alegatos.
- Si se considera procedente, el pleno del Congreso votará la retirada del fuero.
- En caso de retirarse el fuero, la Fiscalía podrá ejercer acción penal y solicitar la detención del servidor público si lo estima necesario.
(Esta nota se actualizará conforme las autoridades y actores involucrados aporten nueva información.)