El 5 de mayo se celebró en la UNAM un foro en el que investigadores, académicos y representantes de comunidades alertaron sobre los riesgos ambientales y sociales del uso de la fractura hidráulica (fracking) en México.
Durante el encuentro, integrantes de colectivos y redes que agrupan a zonas afectadas señalaron que la técnica requiere grandes volúmenes de agua, el uso de numerosos aditivos químicos y un despliegue de infraestructura que, dijeron, puede causar contaminación y desplazamientos comunitarios.
Rogel del Rosal, de la Contraloría del Agua en la Huasteca Potosina, afirmó que más de 400 comunidades en esa región han sesionado varias veces y se organizan para impedir la expansión del fracking en sus territorios.
Investigadores presentes expusieron estimaciones sobre la producción y la viabilidad económica de la técnica: en el corto plazo la explotación mediante fracking exige abrir numerosos pozos y su rendimiento declina rápidamente, lo que obliga a perforar constantemente nuevos pozos para mantener la producción.
El foro se da en un contexto en el que, el 15 de abril, el gobierno federal anunció la creación de un comité interdisciplinario —con participación de instituciones como la UNAM, el IPN y la UAM, entre otras— para evaluar la posible explotación de yacimientos no convencionales mediante fracking; al equipo se le asignó un plazo limitado para presentar recomendaciones técnicas.
Organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking y redes de comunidades realizaron movilizaciones públicas en días recientes para exigir que el gobierno prohíba la técnica y priorice alternativas menos dañinas para la gestión del agua y la transición energética.
El debate público y académico continúa, mientras comunidades, científicos y organizaciones esperan que cualquier decisión gubernamental se fundamente en evidencia técnica y en consulta efectiva con los territorios potencialmente afectados.
