El 5 de mayo de 2026, en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se realizó el foro “¿Fracking en México?”. Participaron científicos, integrantes de redes y organizaciones civiles y representantes de comunidades de la Huasteca, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla.
Los asistentes coincidieron en advertir los riesgos ambientales y a la salud que implica la fractura hidráulica. El geólogo Luca Ferrari, del Centro de Geociencias de la UNAM, señaló que la técnica exige una ocupación territorial elevada y una rápida declinación de la producción: dijo que, para compensar la baja productividad, es necesario abrir muchos pozos nuevos y que al tercer año un pozo puede producir solo alrededor del 10% de lo extraído en su primer año.
Representantes de la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (Renacer) y de la Alianza Mexicana contra el Fracking expusieron testimonios sobre impactos locales y reclamaron que las decisiones se tomen con la participación efectiva de las comunidades. Rogel del Rosal, de la Contraloría del Agua en la Huasteca Potosina, afirmó que más de 400 comunidades han celebrado asambleas para oponerse a la expansión del fracking en sus territorios.
Especialistas consultados en el foro advirtieron además sobre el gran consumo de agua y el uso de sustancias químicas en el proceso, así como sobre la necesidad de infraestructura para procesamiento y transporte que implicaría la explotación masiva de yacimientos no convencionales. Organizaciones presentes subrayaron que la extracción por fracking no garantiza soberanía energética si viene acompañada de subsidios y dependencia tecnológica de empresas extranjeras.
El foro se celebra en medio de una apertura del debate público promovida por el Ejecutivo, que ha anunciado la evaluación de tecnologías para extraer gas no convencional y la integración de comités de expertos para analizar su viabilidad. Los participantes del evento exigieron que cualquier decisión pública se base en evidencia científica, transparencia y en la consulta real a las comunidades afectadas.
En el cierre, organizaciones y académicos llamaron a impulsar alternativas energéticas con menor impacto ambiental y a considerar medidas legislativas para proteger el agua, la salud y los territorios frente a proyectos de fractura hidráulica.
