El fracturamiento hidráulico, conocido como fracking, ha incorporado avances tecnológicos y regulatorios que reducen algunos de sus riesgos ambientales, aunque la desconfianza de las comunidades continúa debido a los antecedentes de afectaciones provocadas por la expansión petrolera en distintas regiones de México.
La técnica consiste en inyectar a presión una mezcla de agua, arena y productos químicos en formaciones rocosas profundas para abrir grietas y liberar gas natural atrapado. Se utiliza principalmente en yacimientos donde el energético no puede extraerse mediante métodos convencionales.
Una tecnología con cambios, pero no exenta de riesgos
Durante las últimas décadas, el fracking ha evolucionado mediante perforaciones más precisas, un menor uso de agua y materiales más comunes. La experiencia acumulada en Estados Unidos y en Vaca Muerta, Argentina, también ha permitido ajustar procesos para disminuir posibles impactos y mejorar los controles.
Sin embargo, las mejoras técnicas no eliminan por completo los riesgos de contaminación ni resuelven la preocupación de las poblaciones que viven en las zonas con potencial energético. La oposición comunitaria está relacionada con una memoria histórica marcada por el deterioro ambiental y la limitada participación local en decisiones sobre proyectos petroleros.
El gas natural, una prioridad para la seguridad energética
El debate ocurre mientras México busca aumentar su producción nacional de gas natural para reducir su dependencia de las importaciones y fortalecer la soberanía energética. El Programa Sectorial de Energía 2025-2030 plantea atender esta dependencia, pues el país importa alrededor de 70 por ciento del gas natural que consume, principalmente desde Estados Unidos.
El energético tiene un papel central en el sistema eléctrico mexicano. Alrededor de 64 por ciento de la electricidad generada en el país utiliza principalmente gas natural, por lo que su disponibilidad impacta a hogares, comercios e industrias.
La discusión sobre el fracking mantiene así dos preocupaciones principales: la necesidad de contar con un suministro nacional suficiente y la exigencia de proteger el agua, el ambiente y los derechos de las comunidades. Cualquier decisión deberá considerar tanto los avances técnicos como la confianza social en la regulación y la vigilancia de los proyectos.