El 14 de mayo de 2026, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal llegaron a la comunidad de El Durazno, en el municipio de Tamazula, Durango, y sostuvieron reuniones con maestras, maestros y habitantes para pedirles que no abandonaran la zona ante la ola de violencia que motivó el inicio de un éxodo.
Las autoridades informaron que la llegada de los cuerpos de seguridad se concretó poco antes del mediodía y que, tras las reuniones, ofrecieron vigilancia permanente en la comunidad y en los accesos, con el objetivo de frenar la salida masiva de familias.
Según los reportes locales, varios residentes y docentes habían comenzado a cargar sus vehículos desde la mañana y algunos grupos decidieron salir por su cuenta antes del arribo de los elementos. Las autoridades estatales señalaron que el operativo permitió la reanudación paulatina de actividades y el restablecimiento de abasto y servicios.
El gobierno estatal y federal anunciaron acciones para garantizar la seguridad y la provisión de servicios: se informó que se trabajó en la reactivación de instalaciones y de servicios bancarios locales, y que las corporaciones permanecerían de forma permanente en la zona.
Las familias que abandonaron El Durazno se trasladaron en su mayoría a Chihuahua, donde autoridades estatales activaron protocolos de atención y comenzaron entrevistas individualizadas para determinar el número de desplazados; en un reporte inicial se habló de cerca de 100 personas recibidas en esa entidad.
Por su parte, la Secretaría de Educación de Durango informó que las clases en la zona quedaron suspendidas hasta el lunes 18 de mayo para garantizar la seguridad del personal docente, y que se darían garantías a partir del 14 de mayo para retomar labores la semana siguiente.
El Durazno se encuentra en una región serrana conocida como el “Triángulo Dorado”, en los límites entre Durango, Chihuahua y Sinaloa, una zona con presencia histórica de grupos del crimen organizado. Las autoridades afirmaron que las acciones buscan restituir condiciones de normalidad y evitar desplazamientos forzados de la población.
