El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró el 4 de mayo de 2026 en la Novena Zona Militar de Culiacán que el Gobierno federal no tenía indicios ni sospechas sobre presuntos nexos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el crimen organizado.
García Harfuch afirmó que desde el inicio de la administración federal hubo coordinación institucional en materia de seguridad con el gobierno estatal y que no se registraron obstrucciones a las operaciones federales. “No teníamos ningún indicio”, dijo el funcionario durante la conferencia de prensa.
La declaración ocurre luego de que autoridades de Estados Unidos acusaran a Rocha Moya y a otros funcionarios de presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. En respuesta, la Fiscalía General de la República solicitó a las autoridades estadounidenses la documentación y las pruebas que sustentan esas imputaciones.
Ante la situación, el Gabinete de Seguridad federal reforzó su presencia en la entidad y se informó que el gobernador con licencia permanece bajo protección de escoltas de la Guardia Nacional, según explicaron autoridades federales.
El tema mantiene abierta la tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos: por un lado están las solicitudes de información y pruebas por parte de las autoridades mexicanas; por el otro, las imputaciones públicas hechas por instancias estadounidenses que motivaron la separación temporal del cargo por parte de Rocha Moya.
