El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró en una conferencia en la novena Zona Militar de Culiacán el 4 de mayo de 2026 que el gobierno federal “nunca tuvo indicios” de presuntos nexos entre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el crimen organizado.
La afirmación se da en el contexto de una solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por autoridades de Estados Unidos contra Rocha Moya y otras nueve personas. El Gobierno de México y la Fiscalía General han solicitado revisar y recibir más pruebas antes de avanzar en cualquier trámite, y la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la recepción de la solicitud estadounidense.
García Harfuch añadió que Rocha Moya continúa en Sinaloa y que no cuenta con fuero constitucional; por tanto, está bajo protección de escoltas de la Guardia Nacional, y no se han identificado indicios que justifiquen detenciones por parte del gobierno federal.
Tras las acusaciones publicadas por la justicia estadounidense, el gobierno federal reforzó su presencia en Sinaloa para garantizar la coordinación institucional y atender la situación de seguridad, mientras las autoridades revisan las pruebas y mantienen comunicación con las instancias internacionales competentes.
