El 4 de mayo de 2026, en una conferencia en Culiacán, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, negó que el gobierno federal hubiera tenido indicios que relacionaran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el crimen organizado y afirmó que no hubo obstrucción de autoridades estatales a las operaciones federales.
García Harfuch dijo que “no teníamos ningún indicio” y explicó que Rocha Moya permanece en Sinaloa, no tiene fuero constitucional y se encuentra bajo protección de escoltas de la Guardia Nacional. Además, el secretario informó que se reforzará la presencia de fuerzas federales en la entidad para mantener la seguridad.
Las declaraciones se dieron en el contexto de señalamientos recientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa, que motivaron revisión y coordinación entre autoridades mexicanas y federales. Ante esa situación, el Gabinete de Seguridad presentó resultados de operativos y aseguró que no se han registrado impedimentos para continuar con las acciones de seguridad en la entidad.
El secretario también reportó cifras operativas recientes y avances en aseguramientos y detenciones en la entidad, y señaló que las medidas en Sinaloa buscan proteger a la población y garantizar la operatividad de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
