Autoridades federales y Petróleos Mexicanos informaron que las labores de limpieza por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México han permitido recolectar un acumulado de 889.4 toneladas de material contaminante, según un corte difundido por el Grupo Interinstitucional que atiende la contingencia.
El operativo, integrado por dependencias como la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Profepa, Conapesca y Pemex, actúa en litorales de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas; las autoridades señalan que la presencia se detectó desde principios de marzo y mantienen acciones de contención en playas y mar abierto.
Reportes oficiales y medios consignan que el despliegue supera los miles de elementos en campo y que las labores incluyen operaciones marítimas y aéreas, instalación de barreras de contención y recorridos de reconocimiento para muestreo y monitoreo. En el corte más reciente se informó la atención en 48 playas, de las cuales decenas ya fueron limpiadas.
En los reportes previos al último corte oficial se habían consignado cifras menores (por ejemplo, 785 y más de 825 toneladas en cortes de fin de marzo), lo que refleja la acumulación de material recuperado en jornadas sucesivas de limpieza y contención.
Sobre el origen del derrame hay posiciones contrapuestas: el gobierno ha señalado la posible participación de una descarga ilícita de un buque y emanaciones naturales como causas, mientras que organizaciones como Greenpeace y centros de estudio han planteado que imágenes satelitales y otros análisis sitúan el inicio del vertido en fechas anteriores a marzo, incluso en febrero, y apuntan a un ducto como posible fuente.
Las autoridades mantienen monitoreo permanente de áreas naturales protegidas, manglares y zonas de anidación de fauna marina, y han organizado grupos científicos para muestreo y análisis de productos pesqueros. Las investigaciones sobre la fuente exacta del hidrocarburo y las responsabilidades continúan en curso, mientras comunidades y organizaciones han convocado movilizaciones para exigir mayor información y transparencia.
