propietarios de tiendas de abarrotes, fondas y pequeños comercios en varias entidades reportan que personas desconocidas han instalado máquinas tragamonedas en sus locales sin consentimiento, en una modalidad de extorsión que ha crecido en los últimos años.
Los decomisos de estos aparatos han aumentado de manera notable: se pasó de 309 incautaciones en 2024 a 1,629 en 2025, un ascenso del 427%. En el periodo comprendido entre enero de 2024 y marzo de 2026 se contabilizan más de 2,100 máquinas aseguradas.
Las cifras muestran concentración en varios estados: Sinaloa, Michoacán, Nayarit, Sonora, Veracruz y Baja California Sur figuran entre las entidades con más aseguramientos, aunque también se han reportado operativos en otras entidades del país.
Comerciantes entrevistados señalan que las máquinas no sólo generan ingresos para redes criminales —con rendimientos estimados de hasta 3,000 pesos diarios por aparato—, sino que además se usan para captar clientes, fomentar la ludopatía y, en algunos casos, reclutar o controlar a jóvenes.
Autoridades estatales y federales han llevado a cabo operativos para retirar y destruir estos equipos y para inhibir la cadena de financiamiento que representan. Sin embargo, propietarios de negocios advierten que la amenaza persiste cuando la instalación se hace mediante amenazas o violencia.
El problema ha reavivado el debate sobre la regulación y el control del juego en espacios no autorizados y sobre las medidas para proteger a negocios y comunidades frente a nuevas modalidades de extorsión.
