Durante años, hijos de líderes y operadores de organizaciones criminales mexicanas han estudiado en instituciones educativas de Estados Unidos mediante ciudadanía estadounidense, visas estudiantiles o pagos gestionados por terceros. El caso más reciente involucra a IMG Academy, una escuela privada con internado y entrenamiento deportivo ubicada en Bradenton, Florida.
La institución aceptó pagos relacionados con dos estudiantes cuyos padres estaban incluidos en listas de sanciones financieras por sus vínculos con una organización mexicana de tráfico de drogas. Entre 2018 y 2022, IMG Academy formalizó acuerdos de inscripción y procesó operaciones relacionadas con colegiaturas, alojamiento y otros servicios.
El caso de IMG Academy
La Oficina de Control de Activos Extranjeros identificó 89 aparentes infracciones: seis acuerdos de matrícula y 83 operaciones financieras. Los pagos fueron realizados principalmente mediante transferencias de terceros y otros mecanismos vinculados con México, de acuerdo con la información del caso.
El 12 de febrero de 2026, IMG Academy aceptó pagar 1.72 millones de dólares para resolver su posible responsabilidad civil. La institución conservó su licencia, acreditación y capacidad para operar, mientras que posteriormente implementó medidas de cumplimiento para revisar a estudiantes, familiares, patrocinadores y fuentes de pago.
Uno de los casos está relacionado con Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, quien fue sancionada por Estados Unidos en 2015. El 28 de julio de 2026 se declaró culpable de violar deliberadamente las sanciones al gestionar 504 mil 497.48 dólares en pagos de colegiatura para su hijo; enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de hasta 10 millones de dólares.
La educación como refugio y mecanismo de legitimación
El parentesco con una persona vinculada al narcotráfico no constituye por sí mismo un delito ni obliga automáticamente a una escuela a rechazar a un estudiante. Los jóvenes nacidos en Estados Unidos pueden acceder a la educación como ciudadanos, mientras que los extranjeros pueden solicitar visas estudiantiles y demostrar que cuentan con recursos para cubrir sus gastos.
Sin embargo, las instituciones pueden enfrentar sanciones cuando reciben dinero de personas designadas o cuando los pagos benefician indirectamente a individuos sujetos a restricciones. Por ello, las escuelas privadas con internados y programas internacionales deben revisar la identidad de padres, tutores, garantes, patrocinadores y terceros que transfieren recursos.
Investigaciones previas también han documentado que algunas familias relacionadas con cárteles enviaron a sus hijos a escuelas privadas en Arizona, California y otros estados. En ciertos casos, la educación fue presentada como una forma de alejarlos de la violencia y de las disputas entre organizaciones criminales; en otros, especialistas han advertido que los títulos y las relaciones obtenidas en instituciones prestigiosas pueden ayudar a mejorar la imagen pública del apellido familiar.
Casos con distintos alcances legales
La ciudadanía estadounidense también ha permitido que algunos descendientes de líderes criminales ingresen a escuelas públicas sin que la institución tenga una base legal para excluirlos únicamente por su parentesco. En otros expedientes, las investigaciones penales se han concentrado en operaciones financieras, lavado de dinero o uso de empresas sancionadas, no en el hecho de haber asistido a una escuela.
El caso de IMG Academy mostró que una visa válida o una inscripción formal no eliminan las obligaciones financieras de las instituciones. El origen de los recursos, la identidad de quienes los administran y el beneficio económico de las operaciones pueden activar responsabilidades bajo las leyes estadounidenses de sanciones.
La sanción contra la academia y la declaración de culpabilidad de Amaral Arévalo colocan a las escuelas privadas y universidades con estudiantes internacionales bajo una mayor presión para fortalecer sus controles. El reto consiste en proteger el acceso a la educación sin convertir las aulas, los internados o los programas deportivos en canales para mover recursos ilícitos.