El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 4 de septiembre de 2026 una orden ejecutiva que instruye al secretario del Interior, Doug Burgum, a determinar en un plazo de 90 días si el lobo gris mexicano y el lobo gris cumplen con los criterios para reducir o retirar su protección bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.
La disposición no elimina de inmediato el estatus protegido de la especie, pero abre un proceso que podría modificar las reglas de conservación y facilitar acciones letales contra ejemplares considerados una amenaza para el ganado, siempre dentro de los procedimientos previstos por la legislación estadounidense.
Una población todavía vulnerable
El lobo gris mexicano fue considerado extinto durante la década de 1970 y comenzó a ser reintroducido en Estados Unidos en 1998 y en México en 2011, como parte de un programa binacional de recuperación. Su distribución histórica incluía zonas de Arizona, Nuevo México y Texas, así como varios estados del norte, centro y sur de México.
Los censos citados por especialistas estiman que existen alrededor de 300 ejemplares en Estados Unidos y entre 30 y 40 en México. La población actual desciende de apenas siete lobos que fueron reproducidos en cautiverio, una condición que ha limitado su diversidad genética y se relaciona con defectos congénitos, camadas pequeñas y menor supervivencia de las crías.
Por ello, investigadores consideran que los aproximadamente 340 ejemplares de ambos países aún no representan una población estabilizada. El objetivo de manejo binacional contempla sostener una población cercana a 320 lobos antes de considerar que la recuperación cuenta con una base sólida.
El argumento del conflicto con la ganadería
La orden fue emitida en el marco de las medidas de la administración estadounidense para respaldar a los rancheros que denuncian pérdidas de ganado por ataques de lobos. El documento también instruye a las autoridades a revisar los procedimientos para evaluar las denuncias de depredación y considerar cambios en las reglas que permiten retirar ejemplares cuando exista una amenaza para personas o ganado.
De enero a junio de 2026, en Arizona y Nuevo México se registraron 106 cabezas de ganado afectadas por lobos, frente a más de 2 millones de cabezas existentes en ambos estados. Especialistas cuestionan que esos datos justifiquen reducir la protección de una especie cuya población continúa siendo pequeña y genéticamente vulnerable.
Riesgos para la conservación
La eventual pérdida de protección federal podría abrir la puerta a una mayor cacería y a prácticas de exterminio por parte de personas que consideren amenazado su ganado. Sin embargo, la orden ejecutiva por sí sola no autoriza la eliminación general de la especie ni retira automáticamente su inclusión en la legislación de protección.
Además de su importancia como especie en recuperación, el lobo cumple una función ecológica como depredador. Su presencia ayuda a regular las poblaciones de fauna herbívora y contribuye a mantener el equilibrio de los pastizales, ecosistemas relevantes para la agricultura y la ganadería.
La revisión estadounidense coloca nuevamente al lobo mexicano en el centro de una disputa entre conservación y producción ganadera. Para especialistas, cualquier cambio debe basarse en datos científicos y considerar la coordinación binacional, debido a que la recuperación de la especie todavía depende de esfuerzos conjuntos entre México y Estados Unidos.