Un tribunal especializado del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes dictó medidas contra dos menores por el homicidio de Leyla Monserrat, de 15 años: 2 años y 10 meses de internamiento para una de las implicadas y 11 meses de libertad asistida para la otra, además de una reparación del daño de alrededor de 5,600 pesos, según reportes periodísticos.
La sentencia ha reavivado el debate sobre los límites del sistema penal para adolescentes en México: familiares, colectivos y usuarios en redes cuestionan la proporcionalidad de las penas frente a la gravedad del delito y exigen revisar las normas que regulan sanciones para menores.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2025 en el ejido El Desierto, municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora, cuando la víctima fue citada fuera de su domicilio y privada de la vida. Las versiones oficiales indican que el cuerpo fue localizado a inicios de octubre de 2025; los reportes difieren en la fecha exacta del hallazgo (1 o 2 de octubre de 2025). El dictamen forense atribuyó la muerte a asfixia mecánica.
Durante la investigación, circuló un video que, según fuentes, documentaría el momento del crimen; el material habría llegado de forma anónima a la madre de la víctima y fue aportado en el proceso. Las autoridades señalan que las presuntas responsables eran conocidas de la joven y tenían 13 y 15 años cuando ocurrieron los hechos.
De acuerdo con los reportes, el caso se resolvió mediante las medidas previstas en la Ley Nacional del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes, que establece límites a las sanciones privativas de la libertad para menores y privilegia medidas restaurativas y breves. Informes periodísticos consignan que la resolución judicial se emitió en marzo de 2026.
La madre de la víctima, identificada en reportes como Carmen Angélica Becerra Valencia, ha rechazado la sentencia y solicitó su revisión; en declaraciones públicas dijo que mientras las responsables podrán reintegrarse a la vida, su familia perdió para siempre a Leyla y que la reparación económica fijada no cubre los gastos del funeral. La protesta social y las críticas se centran en la aparente desproporción entre la pena impuesta y la gravedad del delito.
El caso puso en el centro la discusión sobre cómo balancear la protección de los derechos de adolescentes con la exigencia de justicia en delitos graves, y plantea preguntas sobre posibles reformas legislativas o criterios judiciales distintos para homicidios cometidos por menores. La familia ha pedido revisar la sanción y el debate público permanece abierto mientras avanzan los recursos y reclamaciones legales.
