La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora abrió carpetas de investigación por la muerte de personas que recibieron soluciones intravenosas conocidas como “sueros vitaminados” en una clínica privada de Hermosillo; las autoridades estatales de salud y agencias federales participan en las indagatorias.
En un primer reporte las autoridades informaron sobre cuatro defunciones vinculadas al mismo tratamiento; reportes posteriores indicaron que la cifra se elevó a seis fallecidos y hasta nueve casos en total, entre hospitalizados y personas atendidas tras recibir la solución.
La investigación incluye un cateo al inmueble donde operaba la clínica y el aseguramiento de medicamentos, soluciones y otros insumos. Muestras de las sustancias y de tejidos extraídos a los fallecidos fueron remitidas a laboratorios especializados en la Ciudad de México para análisis químicos y pruebas histopatológicas, como parte de la integración de pruebas técnicas.
Instituciones estatales y federales —entre ellas la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sonora, la Secretaría de Salud estatal, la Dirección General de Epidemiología y Cofepris— mantienen comunicación para coordinar el análisis y seguimiento de los casos y coadyuvar en la determinación de causas y responsabilidades administrativas o penales.
Los reportes periodísticos señalan que las indagatorias buscan determinar si hubo una posible mala praxis en la preparación o administración de las soluciones; en algunos medios se identifica al profesional vinculado en diferentes formas (por ejemplo, como “Jesús Maximiano N.” o “Jesús Maximiano Verduzco Soto”).
Una empresa farmacéutica citada por medios negó comercializar los productos identificados como “sueros vitaminados” relacionados con los hechos y dijo estar dispuesta a colaborar con las autoridades, mientras continúan los estudios de laboratorio y las diligencias jurídicas.
Ante la investigación en curso, las autoridades sanitarias llamaron a la población a evitar tratamientos intravenosos no regulados y a atenderse con profesionales y establecimientos debidamente autorizados; la Fiscalía advirtió que agotará las herramientas científicas y legales para esclarecer los hechos.
