El 6 de abril de 2026 la diputada federal Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, exigió la renuncia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, y anunció que impulsará un procedimiento de juicio político en su contra por presunta negligencia y encubrimiento ante la crisis de desapariciones en México.
Ballesteros informó que notificó formalmente su exigencia y difundió su postura a través de una publicación en su cuenta de X; señaló además un posible conflicto de interés por la militancia de Piedra Ibarra en Morena y afirmó que entre 2023 y 2025 se registraron más de 20,000 nuevos casos relacionados con personas desaparecidas.
La demanda de la diputada se enmarca en la reacción al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que advirtió fallas estructurales, limitaciones en mecanismos de búsqueda y deficiencias en la coordinación institucional; el comité determinó elevar el asunto ante instancias internacionales conforme al artículo 34 de la Convención, según los documentos públicos vinculados al caso.
Ante las críticas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un posicionamiento en el que expresó su desacuerdo con las conclusiones del comité y defendió las acciones institucionales realizadas para acompañar a víctimas y dar seguimiento a casos relacionados con desapariciones.
La iniciativa de Ballesteros abre un nuevo frente político en la discusión pública sobre la eficacia de las instituciones encargadas de la búsqueda y atención a víctimas. Las siguientes etapas serán procedimentales y políticas: la presentación formal de las pruebas y el avance del proceso legislativo correspondiente, según lo anunciado por la propia legisladora y lo reflejado en comunicados públicos recientes.
