Cientos de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en Ciudad de México, contra los recortes derivados de la reforma al artículo 127 constitucional. Los inconformes rechazan ser considerados beneficiarios de “pensiones doradas” y sostienen que sus ingresos fueron obtenidos después de décadas de trabajo.
La movilización forma parte de una serie de protestas realizadas en distintas entidades del país desde la entrada en vigor de la reforma, que establece un límite para las pensiones financiadas con recursos públicos. El tope se fijó originalmente en la mitad de las percepciones mensuales de quien ocupa la Presidencia de la República, una cantidad cercana a los 70 mil pesos.
Jubilados denuncian afectaciones económicas
Entre los manifestantes se encuentra Jorge Salcedo, jubilado de la CFE de 71 años, quien afirma que su pensión fue reducida después de retirarse en 2011. El hombre enfrenta un tratamiento contra el cáncer y señaló que el ajuste complicó el pago de su seguro médico y el de su esposa, quien padece lupus.
María de los Ángeles España, de 74 años, también acudió a la protesta para defender la jubilación que obtuvo tras 25 años de servicio en la CFE. De acuerdo con su testimonio, el gobierno redujo 45 por ciento de su pensión, lo que puso en riesgo la ayuda económica que brinda a una hermana con una enfermedad crónica.
Reynaldo Rangel, extrabajador de la CFE, relató que durante 28 años participó en labores de mantenimiento de centrales hidroeléctricas, incluso en zonas afectadas por desastres naturales. Tras la reducción de sus ingresos, dijo que puso su casa en venta para enfrentar sus responsabilidades familiares.
“No robé, no mentí. No traicioné, solamente trabajé”, expresaron los jubilados durante la manifestación.
Una reforma cuestionada por su aplicación
La reforma fue aprobada por el Congreso durante marzo y comenzó a generar reducciones en pensiones que superaban el nuevo límite. Sus críticos cuestionan que la medida se aplique a personas que ya estaban jubiladas y consideran que afecta derechos adquiridos y el principio de no retroactividad.
En marzo, el gobierno difundió información sobre 99 mil 557 pensionados de siete instituciones públicas, entre ellas CFE, Pemex y Luz y Fuerza del Centro. La cifra fue acompañada por señalamientos sobre pensiones consideradas exorbitantes; posteriormente se corrigieron varios montos y se informó que sólo tres personas recibían más de un millón de pesos mensuales.
La Alianza Nacional de Jubilados reportó la presentación de al menos 6 mil juicios de amparo. Los inconformes sostienen que la reforma constitucional dificulta impugnar directamente el cambio, por lo que han recurrido a demandas contra sus efectos y han solicitado la intervención de autoridades judiciales y administrativas.
Gobierno plantea revisar el límite
El gobierno federal ha señalado que revisará los casos en los que la aplicación de la reforma haya provocado reducciones indebidas. También se planteó modificar el criterio para que el límite sea equivalente al salario completo de la persona titular del Ejecutivo federal, aunque esa propuesta todavía debe concretarse mediante el proceso legislativo correspondiente.
Mientras continúa la discusión jurídica y política, los jubilados exigen que se distingan las pensiones obtenidas mediante irregularidades de aquellas construidas con años de servicio, contratos colectivos y aportaciones laborales. Para los manifestantes, el recorte no sólo representa una disminución de ingresos, sino una amenaza directa para su atención médica, vivienda y bienestar familiar.