Personas juzgadoras en retiro solicitaron este 15 de octubre de 2026 la intervención del Senado para que se resuelvan y, en su caso, se paguen 80 indemnizaciones y 120 pensiones complementarias pendientes, relacionadas con la reforma judicial de septiembre de 2024.
Durante una reunión con la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, Elba Sánchez Pozos, presidenta de la Asociación de Personas Juzgadoras en Retiro, acusó que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) no ha atendido las reclamaciones presentadas por exjueces y exmagistrados ante distintas instancias del Poder Judicial y del Gobierno federal.
Solicitan reconocer derechos laborales
Sánchez Pozos sostuvo que las personas juzgadoras no están solicitando privilegios, sino el cumplimiento de derechos que, afirmó, fueron reconocidos en el régimen transitorio de la reforma constitucional. Entre ellos se encuentra una indemnización equivalente a tres meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio, además de las prestaciones correspondientes.
Los derechos no se mendigan, se reconocen, se respetan y se cumplen.
La representante señaló que una de las controversias se relaciona con el procedimiento para presentar las declinaciones a participar en la elección judicial. Explicó que, cuando entró en vigor la reforma, todavía no existían reglas específicas sobre la autoridad ante la que debían entregarse esos documentos.
Algunas personas juzgadoras presentaron sus solicitudes ante el entonces Consejo de la Judicatura Federal, antes de que el Senado precisara que el trámite debía realizarse ante la Cámara Alta. Por ello, Sánchez Pozos cuestionó que el OAJ utilice esa diferencia administrativa como argumento para negar las indemnizaciones.
Pensión complementaria, otro punto de disputa
Respecto de las pensiones complementarias, los exjuzgadores argumentaron que se trata de una prestación existente desde 1996 y regulada posteriormente mediante acuerdos institucionales. Desde su perspectiva, no es un beneficio creado por la reforma judicial, sino una prestación vinculada con las condiciones laborales que tuvieron durante décadas.
También señalaron que las jornadas prolongadas, la dedicación exclusiva y las restricciones para desempeñar otros empleos deben considerarse al analizar el reconocimiento de esos pagos.
Las personas juzgadoras en retiro advirtieron además que enfrentan dificultades para impugnar decisiones del OAJ, debido a las limitaciones previstas en la legislación para promover juicios de amparo contra determinados actos del órgano administrativo.
Piden intervención legislativa
Ante la Comisión de Justicia, Sánchez Pozos planteó tres acciones: promover un punto de acuerdo para exhortar al OAJ a resolver las reclamaciones y efectuar los pagos procedentes; incorporar disposiciones transitorias en la próxima Ley Orgánica del Poder Judicial, y establecer mecanismos de defensa para proteger los derechos laborales de quienes integraron el Poder Judicial.
La presidenta de la asociación estimó posteriormente que se requieren alrededor de 600 millones de pesos para cubrir los adeudos reclamados. El monto y la procedencia de cada pago deberán ser determinados por las autoridades competentes conforme al marco jurídico aplicable.