Estudiantes, docentes, sindicatos y organizaciones sociales se concentraron este jueves 15 de octubre de 2026 frente al Congreso de Argentina, en Buenos Aires, para exigir al gobierno de Javier Milei que aplique la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización, convocada por la comunidad universitaria, derivó en choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Los incidentes ocurrieron mientras se desarrollaba el acto central de la quinta Marcha Federal Universitaria. Grupos de manifestantes lanzaron piedras contra los efectivos, quienes respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes para despejar los accesos a la Plaza del Congreso.
La protesta reclamó la aplicación de una ley sancionada por el Congreso en 2025, que contempla la actualización salarial de docentes conforme a la inflación, la recomposición de becas estudiantiles y mayores recursos para el funcionamiento de las universidades públicas.
El conflicto se mantiene porque el gobierno de Milei considera que la norma no establece de manera suficiente cómo se financiarán sus disposiciones. La administración también sostiene que la aplicación de la ley permanece interrumpida mientras continúa la disputa judicial, pese a distintas decisiones que ordenan cumplir con los pagos.
Durante la jornada, miles de personas portaron banderas y carteles con consignas en defensa de la educación pública y exigieron al Ejecutivo cumplir la legislación. Entre los reclamos también estuvieron el rechazo al ajuste presupuestario, la defensa del sistema científico y la oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
La movilización fue acompañada por partidos opositores, centrales sindicales, organizaciones sociales y jubilados. En paralelo, la Cámara de Diputados intentó debatir la derogación del decreto, pero la sesión no pudo avanzar por falta de quórum.
La marcha fue la quinta movilización federal universitaria desde el inicio de la presidencia de Milei, en diciembre de 2023. Las universidades consideran insuficientes los aumentos presupuestarios dispuestos por el Gobierno y mantienen el reclamo por salarios, becas y recursos para sostener sus actividades.