Una jueza federal de Nueva York anuló el viernes 21 de agosto de 2026 la suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países impuesta por la administración de Donald Trump. Jeannette Vargas concluyó que la medida era contraria a la ley y que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió su autoridad legal al ordenar su aplicación.
La resolución afecta los trámites de visas para personas que buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos. No se refiere a las visas de no inmigrante, como las de turismo, que permiten estancias temporales en el país.
La política se basaba en el país de origen
La suspensión comenzó el 21 de enero de 2026 y alcanzó a solicitantes de países como Colombia, Brasil, Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen, entre otros. El Departamento de Estado había argumentado que las personas de esas naciones presentaban un riesgo elevado de depender de la asistencia social o de convertirse en una carga para las finanzas públicas.
Sin embargo, Vargas determinó que la política ordenaba a funcionarios consulares rechazar solicitudes únicamente por la nacionalidad del solicitante, incluso cuando la persona cumplía con los demás requisitos establecidos para obtener la visa. La jueza señaló que las decisiones migratorias deben considerar las circunstancias particulares de cada caso.
Qué efectos tiene el fallo
La sentencia deja sin efecto las negativas de visas de inmigrante que se hayan basado exclusivamente en la política impugnada. Los casos deberán ser revisados sin aplicar esa suspensión, aunque los solicitantes todavía deben cumplir con los requisitos previstos por la legislación migratoria estadounidense.
El gobierno de Estados Unidos puede apelar la decisión. El fallo representa otro revés judicial para las restricciones migratorias promovidas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, varias de las cuales han sido cuestionadas ante los tribunales federales.