La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias en México podrían poner en riesgo la libertad de expresión y de prensa, debido a las facultades de supervisión y sanción previstas para la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Durante una entrevista sobre la consulta pública del anteproyecto, la legisladora del Partido Acción Nacional señaló que el artículo 53 del documento permitiría al gobierno intervenir en la evaluación del trabajo de medios, periodistas, concesionarios y personas defensoras de las audiencias.
López Rabadán cuestionó que una autoridad gubernamental pueda establecer qué información es veraz o determinar si un contenido fue presentado fuera de contexto. A su juicio, esa posibilidad generaría temor a multas o sanciones y podría provocar autocensura entre periodistas y medios de comunicación.
Cuestionamientos al artículo 53
La diputada sostuvo que el artículo 53 plantea que la comisión supervisará a las personas defensoras de las audiencias, a las concesionarias de radio y televisión, a los servicios de paga y a las empresas programadoras para verificar el cumplimiento de los derechos de las audiencias.
Según su interpretación, esta redacción puede subordinar a las defensorías de audiencia frente a la autoridad reguladora. También afirmó que el proyecto contempla sanciones relacionadas con la falta de códigos de ética, la ausencia de una persona defensora y posibles incumplimientos vinculados con la veracidad o el contexto de la información.
La legisladora consideró que los lineamientos no deben exceder lo establecido en la ley y pidió que el proceso de consulta incorpore las opiniones de medios, periodistas, especialistas y ciudadanos. De acuerdo con los datos mencionados durante la entrevista, hasta ese momento se habían registrado mil 553 comentarios y mil 468 participantes únicos.
Consulta pública permanece abierta
La CRT abrió la consulta pública sobre el anteproyecto el 27 de julio y prevé recibir comentarios hasta el 21 de agosto de 2026. El proceso está dirigido a audiencias, concesionarios, organizaciones civiles, instituciones académicas y personas interesadas en la regulación de radio y televisión.
El gobierno ha sostenido que la propuesta busca fortalecer el derecho de las audiencias a recibir información y establecer obligaciones administrativas, como contar con códigos de ética, personas defensoras y mecanismos para atender quejas, sin sancionar directamente los contenidos periodísticos.
López Rabadán insistió en que cualquier versión definitiva debe priorizar la libertad de expresión, la libertad de prensa y la pluralidad informativa. Advirtió que una regulación percibida como mecanismo de presión podría afectar no sólo a los medios, sino también al derecho de la ciudadanía a recibir información diversa.