La Declaración de Independencia, aprobada en 1776, estableció principios como que “todos los hombres son creados iguales” y sentó las bases políticas para la nueva república.
Sin embargo, la formación de Estados Unidos fue también un proceso de expansión política y territorial que se expresó en instrumentos diplomáticos y transacciones como el Tratado de París de 1783, que reconoció la independencia de las trece colonias y fijó fronteras occidentales hasta el río Mississippi.
En las décadas siguientes, la joven nación amplió su dominio por medios diplomáticos y comerciales: la Compra de Luisiana de 1803 dobló el territorio estadounidense al sumar 828,000 millas cuadradas por 15 millones de dólares, una operación que transformó el mapa político del continente.
La expansión implicó también decisiones que afectaron de forma irreversible a pueblos indígenas y a las personas esclavizadas. Políticas y leyes internas facilitaron el desplazamiento forzoso y la incorporación de nuevos territorios dentro de lógicas económicas y sociales que mantenían la esclavitud como institución.
La culminación de ese proceso en el suroeste llegó tras la guerra con México: el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, obligó a México a ceder más de la mitad de su territorio en favor de Estados Unidos, en parte a cambio de una indemnización y la promesa de protección a los habitantes de las tierras incorporadas.
Desde la perspectiva de historiadores y analistas, entender la independencia estadounidense requiere reconocer tanto sus ideales fundacionales como las prácticas de expansión y exclusión que configuraron el poder en Norteamérica.
Estos episodios históricos ayudan a explicar por qué la construcción de la república combinó aspiraciones de autogobierno con políticas que favorecieron el crecimiento territorial, en muchas ocasiones a costa de comunidades indígenas y de la libertad de otros grupos humanos.
