La Cámara Federal de Casación Penal ordenó el 24 de abril de 2026 la ejecución y el embargo de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y de otros condenados en la causa conocida como “Vialidad”.
La medida busca cubrir un monto que la justicia actualizó en aproximadamente 684,990 millones de pesos argentinos —equivalente a casi 480–492 millones de dólares según tasas oficiales citadas por los tribunales— por el perjuicio atribuido al Estado en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Entre los activos incluidos en la orden figuran inmuebles que están a nombre de la exmandataria o que fueron transferidos a sus hijos, así como bienes vinculados al empresario Lázaro Báez y a sociedades relacionadas con la investigación.
Cristina Fernández de Kirchner cumple, desde junio de 2025, una condena de seis años de prisión y una inhabilitación para ejercer cargos públicos; su situación de detención ha sido objeto de resoluciones que situaron su cumplimiento bajo arresto domiciliario.
La resolución de la Cámara de Casación fue informada por distintos tribunales y medios a fines de abril de 2026 y pone en marcha los procedimientos judiciales para identificar, asegurar y —si procede— subastar o aplicar los activos embargados para resarcir al Estado conforme al fallo.
El avance procesal podría implicar la intervención de autoridades fiscales y registrales para precisar la titularidad efectiva de los bienes y localizar activos susceptibles de ejecución. Las partes implicadas aún pueden presentar recursos o medidas judiciales que modifiquen el curso de la ejecución.
