La Cámara Federal de Casación Penal ordenó el 24 de abril de 2026 avanzar con la ejecución y el embargo de bienes vinculados a la causa conocida como “Vialidad”, con el objetivo de cubrir un decomiso fijado en más de $684,990,000,000 de pesos argentinos.
La medida alcanza, entre otros, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos, y contempla el remate o ejecución de propiedades e inmuebles señalados en el expediente. La resolución se inscribe en el proceso de ejecución del decomiso que había sido dispuesto por el Tribunal Oral Federal N.º 2.
La decisión judicial llega mientras la expresidenta cumple prisión domiciliaria en un inmueble que también figura entre los bienes mencionados en el expediente. Los defensores han cuestionado la inclusión de ciertos activos alegando que algunos fueron heredados o adquiridos con anterioridad a los hechos investigados.
Fuentes judiciales indican que el listado inicial incluye más de un centenar de inmuebles y otros activos, y que los condenados fueron intimados a pagar el monto actualizado o, en caso contrario, afrontar la venta de los bienes embargados para cubrir la suma establecida.
El fallo reactiva un capítulo relevante del caso Vialidad, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. La controvertida cifra y la decisión de Casación son centrales para la etapa ejecutiva del proceso.
En los próximos días se espera que los tribunales encargados del proceso de ejecución notifiquen formalmente a las partes y definan el calendario de medidas patrimoniales, incluidas posibles subastas o remates de bienes embargados.
