El país enfrenta, según el texto, el doble costo de decisiones de política exterior y económica que han tenido repercusiones inmediatas. El 7 de mayo de 2026 un tribunal comercial de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles globales del 10% impuestos por la administración, un revés legal que abre la puerta a reclamaciones y aumenta la incertidumbre para empresas importadoras.
Al mismo tiempo, la ofensiva contra Irán —que comenzó el 28 de febrero de 2026 con ataques que involucraron a Estados Unidos e Israel— ha dejado miles de muertos y generó una crisis regional con impacto directo en el tráfico por el Estrecho de Hormuz, la oferta energética y las cadenas de suministro mundiales.
El editorial sostiene que estas políticas —aranceles extensos y una estrategia militar con altos costos humanitarios— se retroalimentan: por un lado elevan precios y presionan la inflación; por otro, multiplican riesgos geopolíticos que dañan el comercio y la inversión.
Analistas económicos y agencias internacionales han reportado ya subidas en los precios del petróleo y disrupciones logísticas atribuibles a la inseguridad marítima en la región, mientras que el fallo judicial sobre los aranceles añade un factor de volatilidad para empresas y consumidores.
En conclusión, la pieza advierte sobre las consecuencias acumuladas de decisiones públicas poco calibradas: más allá de las discusiones políticas, el costo final recae en la economía real y en vidas humanas, y exige un debate público sobre prioridades y controles institucionales.
