El proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias generó un debate entre autoridades, especialistas, organizaciones civiles y representantes de medios de comunicación por sus posibles implicaciones para la libertad de expresión y la independencia editorial.
La propuesta fue aprobada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones el 24 de julio de 2026 y se encuentra en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto. El proceso está dirigido a audiencias, concesionarios, académicos y organizaciones civiles interesados en presentar comentarios y observaciones.
El proyecto busca establecer mecanismos para que las personas puedan ejercer sus derechos como audiencias de radio y televisión, además de promover códigos de ética, defensorías de audiencias, accesibilidad y procedimientos para diferenciar contenidos informativos, de opinión y publicitarios.
El punto central de la controversia
Las críticas se concentran en las disposiciones relacionadas con la verificación de información y en el margen de intervención que podría tener la autoridad reguladora. Especialistas y organizaciones han advertido que conceptos como información falsa o descontextualizada deben definirse con precisión para evitar decisiones discrecionales.
También se ha señalado que la posibilidad de iniciar procedimientos administrativos o imponer sanciones podría generar un efecto inhibitorio en el periodismo, especialmente cuando se aborden asuntos de interés público o se difundan contenidos críticos sobre autoridades y gobiernos.
Entre las propuestas de modificación planteadas durante la consulta se encuentran reconocer la veracidad como un deber de diligencia razonable, preservar la autorregulación editorial, garantizar la independencia de las defensorías y vincular cualquier sanción con las facultades expresamente previstas en la ley.
La postura oficial
La posición oficial sostiene que los lineamientos no buscan censurar contenidos ni determinar desde el Estado qué información es verdadera. El planteamiento gubernamental es que los propios medios establezcan códigos de ética, mecanismos de verificación y defensorías para atender las inconformidades de sus audiencias.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones también ha señalado que las reglas en consulta están dirigidas a los servicios de radio y televisión, y no a la prensa escrita ni a las plataformas digitales. Además, ha presentado el proceso como un espacio de participación pública para enriquecer el proyecto antes de su emisión definitiva.
El debate se mantiene abierto mientras concluye la consulta pública este 21 de agosto de 2026. La discusión deberá resolver cómo proteger el derecho de las audiencias a recibir información plural y oportuna sin crear reglas que puedan limitar la crítica, la pluralidad o el ejercicio independiente del periodismo.