En política no siempre se anuncia el futuro: se construye en silencio, con gestos, ausencias y presencias cuidadosamente medidas. En Baja California, esos movimientos ya empezaron a notarse dentro del grupo en el poder, aunque oficialmente todo siga bajo el discurso de la unidad.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila ha demostrado no ser la mejor gobernante; aun así, pretende dejar sucesores que le cuiden las espaldas ante su próxima salida. Su cercanía con el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, se interpreta como una señal clara de coordinación política, complicidad y uso del aparato estatal y el presupuesto municipal para favorecer el posicionamiento de este último.
Pero esta cercanía no es nueva. Es bien sabido el vínculo que mantuvieron Ismael Burgueño y Carlos Torres, exesposo de Marina, quien fungió como su coordinador de proyectos estratégicos, nombrado el primer día de su gobierno, y quien tuvo gran influencia en la conformación del gabinete y equipo de gobierno del alcalde tijuanense. Ismael Burgueño Ruiz y Carlos Torres Torres han sido imputados por lavado de dinero, junto con el hermano de Carlos, Luis Alfonso Torres Torres.
En paralelo, en este proceso de reacomodo político, resulta cada vez más evidente el distanciamiento de la gobernadora con otros morenistas; tal es el caso de la senadora Julieta Ramírez. Del Pilar no ha logrado reponerse de la falta de respaldo de la senadora frente a las acusaciones de corrupción y presuntos nexos con grupos del crimen organizado en su contra y en la de su exesposo, Carlos Torres; acusaciones que se agravaron con la revocación de su visa por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Y es que la senadora decidió no respaldar ni defender acusaciones que no solo son contundentes, sino contrarias al actuar político que ha demostrado Julieta, quien se ha conducido bajo los principios irrenunciables de la 4T, establecidos por Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Baja California.
Lo que es innegable es que Julieta Ramírez ha intensificado su presencia política a nivel nacional y local, manteniéndose como uno de los nombres con mayor preferencia que circulan en las conversaciones sobre la sucesión estatal. Y es que su trayectoria en el movimiento obradorista, dentro de Morena y como legisladora, ha sido prácticamente intachable, y el ascenso que ha tenido en los últimos años responde al respaldo que tiene de la propia presidenta de la República, de su dirigencia partidista, pero sobre todo al respaldo popular que ha consolidado a nivel nacional y con la gente de Baja California. Pareciera que este posicionamiento y la falta de flancos débiles para atacar a la senadora están poniendo nervioso al grupo conformado por Marina y Burgueño, y buscan envolverla en sus propios movimientos, simulando una cercanía y empatía que evidentemente no existe.
En este escenario, lo que se observa en Baja California es una ruptura frontal, alianzas criminales y políticas. Mientras algunos perfiles como Burgueño buscan consolidarse desde la cercanía y complicidad con el poder estatal y la operación de recursos públicos, otros, como Julieta han optado por construir su posicionamiento desde los principios y respaldo ciudadano. Son dos formas distintas de entender el ejercicio del poder y el servicio al pueblo.
Porque si algo ha dejado claro la historia reciente del estado es que las sucesiones no se definen únicamente desde el cargo, sino desde la legitimidad y la confianza del pueblo. Y en ese tablero, donde cada movimiento cuenta y cada señal pesa, el 2027 ya no es una fecha lejana: es una disputa que comenzó hace tiempo y que hoy, aunque se intente disimular, ya está en marcha.
