Morena y aliados del oficialismo acusaron el 14 de mayo de 2026 a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, de incurrir en el delito de “traición a la patria” por supuestamente haber permitido la intervención de agentes estadunidenses en un operativo estatal realizado el 19 de abril de 2026 en la Sierra Tarahumara.
Legisladores de la bancada de Morena solicitaron en la sesión de la Comisión Permanente que se abra un proceso de juicio político y, de ser procedente, el desafuero contra la mandataria. Las acusaciones se basan en declaraciones oficiales y avances de investigación que indican que personal extranjero visitó instalaciones de la Fiscalía estatal en fechas previas al operativo.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó que, antes del accidente vial en el que murieron dos ciudadanos estadounidenses, al menos dos personas de nacionalidad estadounidense estuvieron en el lugar y que su presencia se investiga. En paralelo, la Fiscalía General de la República anunció la apertura de carpetas de investigación relacionadas con el caso.
Al mismo tiempo, autoridades estatales han indicado que los presuntos agentes viajaban de forma no oficial, sin identificación visible, y que testimonios recabados sugieren que no participaron en la planeación ni en la ejecución del operativo; esta versión contrasta con la interpretación política de Morena, que considera la mera presencia de extranjeros armados en territorio nacional como una violación a la soberanía.
El episodio ha provocado un choque político entre Morena y la oposición: los legisladores panistas defendieron a la gobernadora y acusaron al oficialismo de instrumentalizar el caso con fines políticos, mientras que el bloque de Morena advirtió que, si se confirma la participación autorizada de agentes extranjeros, podría configurarse un ilícito grave.
Las investigaciones ministeriales continúan abiertas y se espera que en los próximos días la FGR y la Fiscalía de Chihuahua difundan nuevos avances que aclaren la naturaleza y el alcance de la presencia de ciudadanos estadounidenses en los hechos del 19 de abril de 2026. Mientras tanto, los diputados y senadores discuten posibles acciones legislativas y jurídicas.
