El 14 de mayo de 2026, legisladores de Morena declararon en la Comisión Permanente que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, incurrió en “traición a la patria” por la presunta participación de agentes estadunidenses en operativos de seguridad en esa entidad.
Diputados y senadores del partido oficialista dijeron que Campos debe rendir cuentas y anunciaron que promoverán medidas políticas, incluidas la posibilidad de juicio político y desafuero, si se confirma que agentes extranjeros actuaron sin autorización o supervisión correspondiente.
La controversia se originó tras un operativo en la sierra de Chihuahua, en abril de 2026, en el que medios y autoridades locales señalaron la presencia de ciudadanos estadunidenses presuntamente vinculados a la Agencia Central de Inteligencia (CIA). La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación y comenzó a tomar declaraciones a los implicados.
La gobernadora ha defendido el operativo y se deslindó de responsabilidad sobre la presencia de agentes extranjeros; al mismo tiempo rechazó acudir a una comparecencia en el Senado al argumentar que no es obligatoria. En el ámbito federal, la Presidencia y la Secretaría de Seguridad pidieron información y subrayaron que la colaboración con fuerzas extranjeras debe sujetarse a la ley.
El caso también provocó movimientos administrativos en la entidad: autoridades estatales reportaron la renuncia del fiscal local y se abrieron indagatorias sobre el desarrollo del operativo.
Ante la acusación de Morena, el proceso legislativo y judicial continuará en los próximos días mientras las autoridades federales y estatales recaban pruebas y testimonios para determinar responsabilidades.
