Oaxaca figura como la segunda entidad del país en número de personas protegidas por el Mecanismo Federal para defensores y periodistas, con 161 beneficiarios, según registros recientes. Al mismo tiempo, diversas organizaciones han documentado decenas de agresiones letales contra personas defensoras durante la actual administración estatal.
El recuento documentado durante los últimos tres años y algunos meses señala 33 asesinatos de activistas desde diciembre de 2022, así como reportes de agresiones, criminalización y hostigamiento que afectan sobre todo a comunidades indígenas y a defensoras del territorio. Estas cifras provienen de monitoreos y campañas impulsadas por colectivos y organizaciones de la sociedad civil.
Las organizaciones que han presentado estos datos también alertan sobre un patrón de ataques vinculados a megaproyectos y disputas territoriales, así como a episodios de criminalización y estigmatización de quienes defienden derechos colectivos. En paralelo, otras fuentes oficiales y organismos han señalado la necesidad de reforzar medidas de prevención y protección.
El gobierno estatal ha emitido respuestas públicas en las que cuestiona algunas de las cifras y asegura que trabaja en la protección y vigilancia de las personas defensoras y periodistas. Aun así, las organizaciones demandan acciones concretas y mecanismos de transparencia para investigar agresiones, llevar a los responsables ante la justicia y mejorar las medidas de protección.
Analistas y colectivos llaman a la implementación urgente de estrategias integrales que incluyan investigaciones con perspectiva de derechos humanos, protocolos de no criminalización, participación comunitaria en medidas de protección y un diálogo sostenido entre autoridades y sociedad civil para prevenir nuevos ataques.
