El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió a comienzos de abril de 2026 una advertencia sobre la situación de las desapariciones en México, señalando la existencia de indicios y patrones que, según su análisis, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El pronunciamiento del comité se basa en un examen del contexto y de la evolución de los casos, y cita cifras oficiales que sitúan a más de 132,000 personas como desaparecidas hasta febrero de 2026; además alertó sobre una crisis forense con decenas de miles de restos humanos sin identificar.
El Gobierno mexicano, a través de comunicados oficiales, rechazó el informe y lo calificó de “tendencioso” y “sesgado”, argumentando que la documentación presentada por el Estado no fue considerada en la decisión y sosteniendo que muchos casos están vinculados a la acción del crimen organizado y no a una política de Estado.
Juan Albán-Alencastro, presidente del comité, respondió públicamente que lo relevante no es sólo el número de casos sino la existencia de patrones sistemáticos dirigidos contra la población civil, y señaló que el análisis del comité no se limita a un periodo cerrado sino que incorpora interacciones y datos desde años anteriores hasta la actualidad.
El comité solicitó que la situación sea llevada ante instancias superiores de la ONU para su consideración, planteando que la gravedad del fenómeno requiere un examen internacional más amplio. Por su parte, autoridades mexicanas insistieron en sus avances institucionales y en la existencia de información y observaciones que, dijeron, deberían haber sido tomadas en cuenta.
La discrepancia entre el diagnóstico internacional y la posición oficial abre una disputa sobre cifras, atribuciones y responsabilidades que podría prolongarse en foros multilaterales y en el debate público nacional; mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y familias de víctimas mantienen el reclamo de búsqueda, esclarecimiento y justicia.
