Organizaciones civiles que realizaron una misión de observación en San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, documentaron actos de violencia, amenazas de muerte y un patrón sostenido de despojo y criminalización contra la comunidad indígena tepehuana y wixárika.
Los observadores señalaron que la escalada incluye agresiones físicas, intimidación por parte de grupos armados y la existencia de un monto ofrecido por quien dé muerte a autoridades comunitarias. En noviembre de 2025 fue asesinado el representante agrario Marcos Aguilar Rojas; su homicidio y las lesiones que sufrió su hermano forman parte de la serie de hechos denunciados por la comunidad.
Las organizaciones que participaron en la misión llamaron a las autoridades federales y estatales a atender de forma urgente la emergencia de seguridad, a proteger la vida e integridad de los comuneros y a garantizar el acceso a la justicia y la restitución territorial conforme a los procesos agrarios pendientes.
La comunidad y colectivos defensores reportan además actos de despojo de tierras, agresiones en predios comunales y la lenta respuesta de las instancias de procuración de justicia locales, lo que, dijeron, ha agravado la vulnerabilidad de la población indígena y la impunidad en la región.
Autoridades estatales sostuvieron encuentros con representantes de la misión observadora; las organizaciones urgieron que esos compromisos se traduzcan en medidas concretas y sostenidas para garantizar la seguridad, el respeto a los derechos comunales y el fin de la violencia contra la comunidad.
